AAFB Compra descarrilada por falta de concurso
Font original: Diario de Mallorca

Compra descarrilada por falta de concurso

Publicat: 26 / mar / 2014  |  Actualitat ferroviària

Existe bastante afinidad entre las prácticas contables y de gestión que han estado al uso en la administración autonómica y el servicio ferroviario de Mallorca. No hay forma de dotar de puntualidad, eficacia y limpieza a las dos únicas líneas públicas de trenes de la isla. Ayer mismo, por segunda vez en un mes, volvían a estar averiadas. Tampoco ha habido esmero en dotar de solvencia a la gestión pública del archipiélago. Tal carencia, no se ha notado en una única vía.

La comparación no es casual. Resulta fruto de la misma actualidad porque, la misma jornada en que los horarios de tren vuelven a descuadrarse, nos damos cuenta de que la fiscalía Anticorrupción pone en manos de la juez una denuncia por presunta corrupción en contrato público, que pudo haber cometido el último día, a última hora, el último Govern Antich. Todo apunta a que se pretendió enganchar dos operaciones de adquisición de trenes que acaba descarrilando por no haber usado las vías establecidas para ello. La Sindicatura de Cuentas fue el primer revisor en darse cuenta de que el billete usado no era el propio del recorrido. Después vino el fiscal y ahora la juez.

En 2005, Serveis Ferroviaris de Mallorca adquirió, previo concurso público, seis unidades para usarlas como metro entre Palma y la Universitat. El contrato contemplaba otra opción de compra que caducaba el 27 de septiembre de 2008. El conseller del momento, Gabriel Vicens, del PSM, esperó hasta el último día para ejecutar una operación iniciada por Mabel Cabrer, del PP. Pero, no sólo eso, según la documentación que Anticorrupción ha hecho llegar al juzgado, la maniobra se amplió añadiendo otros vagones eléctricos y remolques a motor. Sin mediar nuevo concurso, el asunto supuso un coste total de 77 millones de euros.

En el entramado de las operaciones realizadas consta la negativa de por lo menos un técnico que se plantó antes de firmar un informe oficial que pudiera avalar la operación que, presuntamente, idearon los responsables políticos. De momento, no se ha formulado ninguna acusación personal. En todo caso, éstas, de haberlas, deberán dirimirse dentro de la instrucción judicial. Los contratos suscritos con la empresa Caf, adjudicataria del primer concurso, se presumen como determinantes para saber qué pasó y cuál es el verdadero grado de responsabilidad de cada uno de los relacionados con el caso.

De todos modos, llama poderosamente la atención que unos gestores públicos se atrevan a asignar un contrato de 77 millones de euros aferrándose a otro anterior, sin mediar concurso. Aparte de la sujeción a la norma, el mismo sentido común parece dejar claro que la Administración Pública está obligada a trabajar sobre la base de la transparencia y la igualdad de oportunidades. Por si no bastara con ello, la misma Sindicatura de Cuentas y la Justicia se encargan de repetirlo de forma constante porque las circunstancias obligan, pero también resulta evidente que ello no causa la eficacia deseable.