AAFB Vicens niega que haya irregularidades en el metro de Palma
Font original: Ultima Hora

Vicens niega que haya irregularidades en el metro de Palma

Publicat: 14 / may / 2010  |  Actualitat ferroviària

El conseller de Movilidad y Medio Ambiente, Gabriel Vicens, negó hoy de forma rotunda que existan supuestas irregularidades en relación a las obras de emergencia del metro de Palma, tal y como ha denunciado el PP basándose en el informe de la Sindicatura de Cuentas.

Vicens, durante una visita a las instalaciones del GOB de Menorca, apuntó que los trabajos realizados «cuentan con todos los informes, desde el punto de vista técnico y jurídico» y recordó, además, la enorme presión social y política existente en el momento que exigía la reapertura del metro.

El PP anunció hoy mismo que tiene previsto ampliar la denuncia que interpuso ante la Fiscalía por las contrataciones llevadas a cabo desde Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), al aseverar que únicamente el 10 por ciento de estas operaciones se han realizado mediante concurso público, mientras que el resto se han realizado «a dedo», y afirmar que la empresa lleva gastados más de 10,5 millones de euros en estas condiciones, según señaló hoy en rueda de prensa la diputada ’popular’ Mabel Cabrer.

En rueda de prensa para valorar las informaciones aportadas por el órgano fiscalizador en su informe de 2008 sobre la gestión de SFM, Cabrer expresó su satisfacción por las conclusiones de la entidad, ya que «confirma las irregularidades» que ya denunció el PP ante la Fiscalía por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.

En este sentido, manifestó que es el Consejo de Administración de SFM el órgano sobre el que recaerían estas acusaciones, en el que «tiene especial relevancia» el equipo directivo de la empresa, con el conseller de Movilidad y Medio Ambiente, Gabriel Vicens, el director general, el gerente y el cogerente al frente.

Concretamente, Cabrer hizo referencia a las obras de emergencia del metro con las que, aseveró, se ha vulnerado la Ley de Contratos del Estado. La diputada apuntó a la UTE formada por Grumasa e Ineco como la beneficiaria de un contrato de consultoría y asistencia para detectar las carencias en las obras y determinar soluciones, aunque en su opinión «lo que se ha hecho es declarar una emergencia ficticia» en algunas de estas obras para dar cobertura a la adjudicación.

Las mismas compañías que, agregó la ex consellera de Obras Públicas, percibió un contrato por 2,4 millones de euros en concepto de consultoría y asistencia técnica y que fue prorrogado «de forma ilegal» al margen de la normativa vigente en materia de contratación.

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